Intereses de demora a favor: reclámelos con gestoría

Los intereses de demora a favor son la cantidad que puede corresponder al acreedor cuando una deuda de dinero no se paga a tiempo. En España, su encaje general está en la mora del deudor y en el incumplimiento de obligaciones dinerarias, por lo que no basta con que exista una factura o una deuda: conviene analizar si la obligación era vencida, exigible y si concurren los requisitos legales o contractuales para pedir ese recargo.

Como marco general, el Código Civil regula la mora del deudor en el artículo 1100, la indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento en el artículo 1101 y los intereses en obligaciones de dinero en el artículo 1108. De forma resumida, si una persona o empresa incumple una obligación dineraria y entra en mora, puede surgir el derecho a reclamar intereses, aunque habrá que valorar la documentación, el contrato y, en su caso, si existió requerimiento de pago.

En operaciones entre empresas o profesionales, además, puede resultar aplicable la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pero solo en ese ámbito específico y no como regla universal para cualquier deuda.

Qué conviene revisar en el contrato, la factura o el requerimiento de pago

Antes de reclamar intereses de demora, suele ser clave comprobar si la deuda está bien documentada y desde cuándo puede entenderse exigible. No todas las reclamaciones parten del mismo punto: en algunos casos habrá cláusula contractual, en otros solo factura aceptada o documentación comercial, y en otros será determinante el requerimiento de pago.

• La fecha de vencimiento de la deuda y la cuantía adeudada.
• Si existe contrato, pedido, presupuesto aceptado o condiciones generales con cláusula de intereses.
• La factura emitida, su recepción y, si procede, su aceptación o ausencia de objeciones.
• Los correos, burofaxes o comunicaciones que puedan acreditar un requerimiento de pago.
• Si la operación encaja en un ámbito civil general o en una operación comercial sujeta, en su caso, a la Ley 3/2004.

Este análisis importa porque el derecho a cobrar intereses por retraso puede depender del tipo de relación jurídica, del pacto entre acreedor y deudor y de cómo se acredite la mora del deudor. Si falta documentación acreditativa o existen discrepancias sobre la deuda principal, conviene resolver primero ese punto.

Diferencia entre intereses legales e intereses pactados

No es lo mismo reclamar intereses derivados del régimen legal aplicable que reclamar intereses fijados por las partes en un contrato. Esa diferencia conviene dejarla clara para no atribuir a la ley lo que en realidad depende de una cláusula válida.

Con carácter general, el artículo 1108 del Código Civil establece que, si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización por daños y perjuicios, a falta de pacto en contrario, consiste en el pago de los intereses convenidos y, si no los hubiera, en el interés legal del dinero. Por tanto, puede haber:

• Intereses legales: los que resultan del régimen legal cuando procede aplicarlo y no existe un tipo pactado distinto.
• Intereses pactados: los que las partes hayan establecido de forma expresa en contrato, condiciones aceptadas u otra documentación vinculante, siempre que ese pacto sea válido.

En operaciones comerciales entre empresas o profesionales, la Ley 3/2004 puede establecer un régimen específico de intereses de demora y otros costes asociados al retraso, pero habrá que comprobar si la operación entra realmente en su ámbito y desde qué momento se considera producido el retraso en el pago.

Cómo valorar una reclamación de intereses de demora con ayuda de una gestoría

Una gestoría puede ser útil para revisar si la reclamación de deuda está bien planteada y si el cálculo de intereses de demora tiene base suficiente. No se trata solo de aplicar un porcentaje: hay que comprobar la fecha de inicio, el importe sobre el que se calculan, si hubo pagos parciales y qué norma o pacto resulta aplicable.

En la práctica, el apoyo profesional puede centrarse en:

• Ordenar contrato, facturas y comunicaciones.
• Verificar si la deuda es vencida, líquida o determinable y exigible.
• Analizar si conviene una reclamación extrajudicial previa.
• Revisar si existe cláusula de intereses y cómo puede interpretarse.
• Preparar un cálculo prudente y documentado, evitando reclamar de más o desde una fecha discutible.

Si se inicia una reclamación, también puede ser conveniente coordinar la parte documental con asesoría jurídica para valorar la vía adecuada según el tipo de deuda, la cuantía y la respuesta del deudor.

Errores frecuentes al reclamar intereses y qué documentación conviene reunir

Uno de los errores más habituales es dar por hecho que toda factura impagada genera automáticamente intereses en cualquier circunstancia. Otro es mezclar intereses legales con intereses pactados sin revisar qué dice realmente el contrato o desde cuándo puede acreditarse la mora del deudor.

También conviene evitar:

• Calcular intereses sobre importes incorrectos o ya abonados parcialmente.
• No acreditar la fecha de vencimiento o el requerimiento de pago cuando sea relevante.
• Invocar la Ley 3/2004 fuera de operaciones comerciales a las que no resulte aplicable.
• Reclamar sin distinguir deuda principal, intereses y, en su caso, otros conceptos.

La documentación que suele convenir reunir incluye contrato, presupuesto aceptado, pedido, facturas, justificantes de entrega o prestación del servicio, extractos de pagos parciales y comunicaciones de reclamación. Cuanto mejor trazada esté la secuencia documental, más fácil será valorar si procede reclamar intereses y en qué términos.

En definitiva, los intereses de demora a favor pueden ser una consecuencia del retraso en el pago, pero su reclamación dependerá del marco legal aplicable, del pacto existente y de la prueba disponible. Antes de dar el paso, suele ser razonable revisar el expediente con una gestoría para ordenar la documentación, comprobar el cálculo y decidir con prudencia la estrategia más adecuada, especialmente si también se plantea el IVA de impagados.